En 1792, Luis XVI de Francia fue apartado del trono y encerrado en la prisión del Temple. Juzgado por traición a la patria y a la Revolución, fue ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793.
El 21 de enero de 1793 la guillotina terminaba con la vida del soberano francés, al cabo de un proceso en el que fue acusado de traición contra la patria y contra la revolución. Tres años después de la revuelta del 14 de julio de 1789, la Revolución atravesaba un momento crítico. En ese tiempo las relaciones entre el monarca y los partidos revolucionarios se habían envenenado cada vez más, hasta llegar a la insurrección del 10 de agosto de 1792, que había derrocado la monarquía para dar paso a un nuevo régimen: la República. Al mismo tiempo, los ejércitos de las potencias absolutistas europeas, Austria y Prusia, atravesaban las fronteras francesas y amenazaban con avanzar hasta París para poner fin a la Revolución. Ello provocó reacciones descontroladas en Francia, en particular las «masacres de septiembre», una brutal matanza de aristócratas y sacerdotes presos en las cárceles de París y otras ciudades, a los que se acusaba de complicidad con el extranjero. Era inevitable que la ira se dirigiera también contra el máximo culpable, a ojos de los revolucionarios, de lo que estaba ocurriendo: el antiguo rey, que desde la insurrección del 10 de agosto había quedado preso en el Temple. En efecto, de inmediato surgió la demanda de que Luis XVI fuera juzgado por sus «crímenes» contra la patria, en particular el de favorecer la invasión extranjera. Ante la presión popular, la Convención o Asamblea nacional aceptó discutir el asunto, pero los diputados estaban muy divididos al respecto. Dos partidos se enfrentaron entre sí. Por un lado estaban los girondinos, antiguos radicales que se sentían ahora desbordados por el movimiento popular. En las semanas anteriores habían denunciado las masacres de septiembre y la acción de «los organizadores que quieren nivelarlo todo: propiedades, bienestar, precio de los productos», como decía Brissot, uno de sus líderes. Frente a ellos estaban los diputados de la Montaña, llamados así por situarse en la parte alta de la Asamblea. Su figuramás conocida e influyente era Robespierre, líder asimismo de los jacobinos, una sociedad extendida por toda Francia que propugnaba la radicalización de la Revolución. Muchos girondinos eran reticentes a juzgar al soberano, temiendo que la Revolución se radicalizara aún más, mientras que los montañeses y jacobinos consideraban ineludible actuar contra él. El 26 de diciembre se abrió el juicio en la Convención. Una vez retirado el rey, se inició el debate. Enseguida se vio que los girondinos deseaban evitar la condena a muerte del que fuera monarca de la nación. Pretextaban que una decisión de ese tipo desataría una guerra de todas las potencias europeas contra Francia, y por ello reclamaron que la sentencia fuera ratificada por el pueblo. En su discurso del 28 de diciembre, Robespierre respondió advirtiendo que un llamamiento al pueblo para discutir el tema en las asambleas primarias comportaría la guerra civil. Unos y otros trataban de convencer a la mayoría moderada de la Asamblea, la Llanura, no alineada con ninguno de los dos bandos. El día 15 de enero tuvo lugar la primera votación. La pregunta era: «Luis Capeto, ex rey de los franceses, ¿es culpable de conspiración contra la libertad y de atentado contra la seguridad del Estado? ¿Sí o no?» Sobre los 749 diputados, hubo 691 votos afirmativos y 27 respuestas dilatorias, además de 31 ausencias. No hubo ningún no. El mismo día se votó la segunda pregunta: «La sentencia del juicio, ¿debe ser sometida a la ratificación del pueblo reunido en sus asambleas primarias? ¿Sí o no?» Los resultados fueron: 424 en contra y 287 a favor del refrendo popular, además de 28 ausentes y 12 diputados que declinaron votar. El rey era, pues, culpable y la sentencia de la Convención sería definitiva